El próximo 20 de febrero, en el Centro de Arte y Turismo (CAT) de Soto del Real, se celebrará una conferencia informativa sobre el anteproyecto de la Ley Ómnibus, que modifica 35 normas aprobadas por la Asamblea de Madrid en varias legislaturas. Así mismo, la conferencia informativa tratará del proyecto de instalar un Parque Fotovoltaico en el municipio de Soto del Real. Se puede acudir de forma presencial o seguirlo en formato streaming en el canal de YouTube Amigos Tierra Madrid
En materia de urbanismo, la Ley Ómnibus impulsa la especulación bajo el disfraz de los denominados “Proyectos de Alcance Regional” que permite desarrollar “en cualquier clase de suelo” y que, si son de iniciativa pública, una vez aprobados por la administración regional, no estarán sujetos “a licencias ni a actos de control municipal” y si son de iniciativa privada, tras un mero “acto de intervención o de posterior control municipal, la aprobación del proyecto legitimará inmediatamente su ejecución”. En este caso, además, en franca contradicción con el artículo 47 de la Constitución, que ordena que los poderes públicos establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo el derecho a la vivienda “regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”.
En lo concerniente al medio ambiente y preservación de la naturaleza, la Ley Ómnibus conduce a la región de Madrid, directamente a los años setenta. Como hemos planteado en las alegaciones que hemos presentado, lejos de velar por la defensa y conservación de los espacios regionales de alto valor ecológico, menoscaban y reducen su nivel de protección al disponer que “se eliminan o racionalizan prohibiciones genéricas o innecesarias en el contexto actual” y vacía en buena medida el contenido protector de las leyes de los tres parques regionales: el de la cuenca alta del Manzanares, el de los cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama y el del curso medio del río Guadarrama y su entorno.
Un contexto que no concreta y que precisamente va en sentido contrario al que se pretende con esta contraley, cuando la extinción de especies, las funciones desempeñadas por estas en los ecosistemas, la crisis ambiental y la lucha contra el cambio climático se han convertido en una prioridad mundial, que también obliga a las administraciones públicas españolas. Así lo señalan los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de la ONU y las estrategias europeas de la biodiversidad o la inclusión de áreas madrileños en redes internacionales de protección: el humedal de Peñalara (RAMSAR), el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares y la sierra del Rincón (reservas de la Biosfera de la UNESCO). En definitiva, estamos ante un revisionismo sin precedentes de políticas clave de la Comunidad de Madrid.